Las entidades que surgen espontáneamente de la comunidad, enfrentan en Catamarca una situación bastante desfavorable, como si prevaleciera un sistema que las ahoga para imponer siempre la presencia estatal por sobre cualquier iniciativa.

Ese problema obedece a distintos factores, entre los que paradójicamente se ubica la idiosincrasia del catamarqueño, que lo primero que hace es condicionar su acción al apoyo estatal; lo que equivale, en la mayoría de los casos, a autoeliminar la propuesta original.

Como resultado de este complejo panorama, se advierte una superpoblación de sellos, una desmesurada e interminable nómina de grupos con “personería jurídica”, y apenas un puñado de instituciones que realmente cumplen un rol social importante.

El porcentaje de acción real, útil y efectiva, en el gigantesco universo de las ONG provinciales, es realmente ínfimo. En parte porque el impulso primario se desnaturaliza, y en parte porque muchas veces los grupos son formados exclusivamente con la intención de acceder a ciertos privilegios, por dirigentes que persiguen un mejor posicionamiento o rédito personal.

Lo triste es que detrás de estos vicios instalados, cruzadas nobles se malogran porque jamás se encontró el equilibro entre el acompañamiento oficial, el apoyo real, y la independencia necesaria para que estas organizaciones sociales funcionen como tales.

En 1945, la Carta de las Naciones Unidas reconoció formalmente la existencia de las Organizaciones No Gubernamentales, surgidas en todo el mundo hacia el siglo XIX. Su objetivo es impulsar la intervención social a través de proyectos de desarrollo: la educación, el progreso vecinal, la salud, el medio ambiente o la solidaridad son algunos de los ámbitos en los que trabajan.

Creadas independientemente a los gobiernos, las ONG cuentan en su organización con asalariados y una gran mayoría de personas voluntarias, sin ánimo de lucro, que desempeñan su labor en los ámbitos de la cultura, ocio, educación, deporte, servicios sociales y medio ambiente, entre otras cuestiones.

De acuerdo con su formula jurídica, las ONG pueden ser asociaciones, fundaciones o congregaciones religiosas que se rigen por sistemas jurídicos diferentes. Todas ellas, eso sí, se caracterizan por ser entidades sin ánimo de lucro, comprometidas a realizar una actividad de forma estable, y están inscriptas legalmente.

Lamentablemente, en ocasiones la esencia de las ONG se deforma, y hasta existen casos en que desde el mismo Estado o determinado sector político, se finge la creación de una ONG o se pacta con alguna ya existente, sólo para canalizar la utilización de fondos premeditadamente direccionados, con una entidad que obra de pantalla para salvar los trámites formales bajo la apariencia de una interacción real con la comunidad.

De modo opuesto, cuando alguna organización asume un discurso o postura que incomoda a las autoridades, se le practica un aislamiento automático hasta forzar la disolución del grupo.

Esos problemas se reiteran porque quienes, muchas veces de buena fe, organizan una entidad social, no contemplan debidamente cómo la sostendrán económicamente, apostando a la divina providencia o, lo que parece más seguro, al financiamiento oficial, lo que las lleva a caer siempre en el mismo tobogán.

Los dirigentes de las entidades sociales de la provincia, casi sin excepción, toman como primer acto de gestión el pedido de ayuda al Gobierno. Minutos después de obtener la personería jurídica, y a veces antes, ya están en los despachos oficiales. Pero no lo hacen para presentar propuestas, coordinar tareas o darse a conocer; sino para reclamar la donación de un terreno para construir la sede, un subsidio o directamente un espacio físico.

La historia reciente muestra innumerables ejemplos de iniciativas que se frustraron o desperdiciaron por estos errores conceptuales, y la consecuencia es que existe un vacío importante (de acción, de presencia y de voz), en cuestiones sociales urgentes que no cuentan con representación de la comunidad.

De una y otra parte –ciudadanos y Estado- sería importante que se formule un replanteo de roles, y se rescate nuevamente la iniciativa ciudadana, porque su aporte es a la vez enriquecedor e irreemplazable.